LA SITUACIÓN DESEPERADA A QUE SE HA LLEGADO POR LA AVARICIA, CORRUPCIÓN Y MALA POLÍTICA

En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza.

En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.

(Confucio)

Ante el escándalo del yerno del Rey, éste accedió a informar a la ciudadanía, tras muchos años de reinado negándose a ello, cómo reparte la cantidad global que recibe de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente. Pero esto, como se viene diciendo por activa y por pasiva, no es más que una parcial información del gasto que supone la monarquía, no existe verdadera presentación de cuentas, faltan las partidas, ciertamente cuantiosas, cuyos pagos corresponden a distintos Ministerios. Pero hay más: Con motivo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros del 23 de marzo, obligando, como indica el título, a la transparencia e información pública de cómo se gasta el dinero público, la Casa Real se sitúa al margen, no se considera obligada, y sólo será ad libitum, lo que se verá –el sí o el no- el próximo otoño cuanto la normativa entre en vigor. Entonces la Administración Pública tendrá que informar en qué gasta el dinero que aporta al Estado el ciudadano. Que la Casa Real no quiera equipararse al Estado en la Ley de Transparencia es absurdo. Corresponde, evidentemente, al Estado, ha de dar ejemplo, y, por otra parte, que se trata de una monarquía constitucional. Las leyes son para cumplirlas todos. En el otoño aceptarán al fin. Es lo pertinente.

Además de saber el gasto que implica la monarquía, y ello lo demanda la auténtica democracia, también se debiera conocer el también exorbitante que suponen los gobernantes. Ya de momento es enojoso saber que, como en reciente artículo se lamenta Javier Pérez Pellón, en República.com, …tanto esos señores, llámense Felipe, Aznarín o el innombrable Zapatero, por el hecho de haber sido presidentes del Gobierno sigamos pagándoles, con nuestros impuestos, coches oficiales, escolta, y demás prebendas inherentes a sus antiguos cargos y no nos rebelamos y nos liamos a zapatazos contra “la casta política”, es la patente constatación que nos hemos convertido en un país de amedrentados conejos. Anota numerosos casos del dinero del otro, por ejemplo: Cuando nos enteramos que la “aznarina” Sra. Botella, alcaldesa de Madrid, que, aunque por excelente burgomaestra que sea ha sido designada a dedo y no por legítima elección, como exigiría el más elemental principio democrático, ha volado hasta Roma para visitar al Papa, nos imaginamos que en avión oficial, y no en la línea regular Iberia, más de un millón de euros ida y vuelta […], nos da por pensar que vivimos en un país en el que los ciudadanos son como marionetas cuyos hilos los mueven a su antojo los prebostes de la partitocracia. (No aparece como correcto este vocablo, querrá decir la clase de los partidos) Dentro de uno de ellos un preboste, o “persona que en un determinado ámbito, político y/o administrativo, profesional, etc., tiene una posición de gran poder o importancia” (DAE). Entre ellos se conceden sueldos astronómicos, ya dice Antonio Gala que en una cosa están de acuerdo unos con otros: los sueldos de los políticos no se tocan, hasta ahí podíamos llegar.

      

Que un político reciba, permisivamente, un sueldo astronómico, acompañado de numerosos privilegios remunerativos, a costa de la gabela que se paga al Estado, no es justo. Tampoco en el ámbito de la Administración –si de una sociedad, pues en perjuicio de los accionistas-, tal el caso  que refiere el citado articulista de una persona que ha llegado a popularizarse por el affaire de Urdangarín. Se refiere al presidente de Telefónica, Cesar Alierta, que ha declarado tiene un sueldo de 10 millones de euros anuales, lo que le lleva a opinar, y bien podemos corroborarlo con el autor del artículo, que, dicho con sus propias, es como si este buen hombre se estuviera meando en los bolsillos de los más de cinco millones de parados y en los otros millones de honradas familias al borde de la pobreza y con sus viviendas en ruina o confiscadas por el impago de hipotecas. Para mayor mofa tales personas en su casi totalidad son corrientes, sin más importancia que el puesto y el súper sueldo que por él les dan, es decir la crematística.

No, no son grandes en ninguna rama, ni son científicos, ni artistas, ni nada de relieve intelectual, son académicos de nada, filósofos, esto sí, pero no en amor a la sabiduría sino en amor a enriquecerse, buscando medios para ello. La paga astronómica que les dan no les basta a varios de ellos, la cual per se ya les hace ricos, pero son insaciables. En el vulgo de espíritu sólo anida, como en el hombre de la calle, el amor al dinero. Es incontrovertible e injusto, con olor a corrupción, que una figura de la Medicina, un gran cirujano, por ejemplo, gane menos, y los hay, que empleados de estos, señalados, por otra parte, a dedo, y ello debido a ser vos quien sois. Si es tremendamente injusta la abismal distancia económica entre las clases sociales -es axiomático que no debiera haber pobres tan pobres ni ricos tan ricos-; lo es también que en igualdad de preparación unos perciban “su paga”, configurada por la política, y alguno que otro por el mismo trabajo, cuando no un cargo “prefabricado”, le den la de ocho. En fin, hay que pensar con Schopenhauer que la perversidad es la que en este mundo gobierna, y la tontería la que domina.

Pero ojo, no se puede tildar de tonto –los hay, si, están los “tontos útiles”, que son de los que en todo sentido se sirven los pillos- al sufrido pueblo, ni de cobarde, como ya hacía Victor Hugo: La aceptación de la opresión –dice- por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer. Esto es muy relativo en la cuarta acepción que la Academia da de esta palabra: discutible, susceptible de ser puesto en cuestión. Partamos de la base de que el Gobierno no está para hacer mal, sino para todo lo contrario; el mejor gobierno –Macaulay dixit- es el que desea hacer feliz al pueblo y sabe cómo lograrlo. Claro que este historiador y político inglés también profirió: Cuando la lucha entre facciones es intensa, el político se interesa, no por todo el pueblo, sino por el sector a que él pertenece. Los demás son, a su juicio, extranjeros, enemigos, incluso piratas. Suele tener por engañifa, principalmente expuesta en el periodo electoral, manifestar que va a beneficiar tanto al que le ha votado como al que no le ha votado. Lo que luego suele ocurrir es que fastidie a todos.

Este es el caso de lo que viene sucediendo con el PSOE y con el Partido Popular, los dos partidos alternantes poseedores de una corrupción que, lejos de perseguir, fue en aumento, y que del ladrillo –de Aznar se dijo que vino por el ladrillo y por el ladrillo se fue- pasó a los negocios de tipo Urdangarín. Pero, como es notorio, arrancó de la llamada burbuja inmobiliaria. ¿Hubo, hay, permisividad política? Ciertamente no hay porqué proceder a remitir la nota: Averígüelo Vargas. Además aquel Vargas es de la época de los Reyes Católicos. Perdonar chorizos es crearlos, motivar que se reproduzcan por generación espontánea, por lo que el Gobierno, la oposición y hasta el mismísimo jefe del Estado, lejos de tolerarlos, están llamados a descubrirlos e ipso facto denunciarlos. Indubitadamente, aunque se trate de un familiar, que, como reza la paremia, antes es la obligación que la devoción. Cuando se está atenazado, sujeto, por una obligación,  se ha de actuar, si es preciso, con espíritu de sacrificio. 

Si antes preside el Gobierno de la nación Mariano Rajoy, antes empieza a defraudar a propios y extraños. Tanto por parte de la prensa como por algún miembro de su propio Gobierno, se reputa su política de total desacierto, torpeza. Desde la prensa se le acusa de que el PP no realiza la pertinente labor de poda, ya que sobran las Diputaciones, las Autonomías y la mitad de los Ayuntamientos. Se ha señalado también el inmenso gasto de una casta política que vive como rajás, mientras el país “se está hundiendo, pero hundiendo a un nivel argentino”. No se ha dejado de consignar el enorme gasto que supone el parque móvil de los infinitos coches oficiales. Y, en fin, el hecho, tan absurdo como perjudicial, de que existan cuatro Administraciones: la Local, la Provincial de la Diputaciones, la Autonómica y la Central, exponiendo que sobran dos como mínimo.  Increíble que el Sr. Montoro haya llegado a decir que el estado de las Autonomías es el gran mérito de nuestra democracia; no ha faltado quien le haya contestado adecuadamente: Efectivamente, el mérito que se la va a cargar. Sabido es que impulsó la creación de las Autonomías –las auto-no-suyas, que llamó Fernando Vizcaíno Casas- la idea de impedir separatismos, principalmente los dos más peligrosos: País Vasco y Cataluña, pero flaco servicio han aportado en este aspecto. Es tan angustioso como el económico el panorama a la vista; panorama dantesco –dice Jiménez Losantos- el que afronta la vida pública española.  

Esperanza Aguirre se ha presentado en la Moncloa para hablar con Rajoy, y entre las manifestaciones que le ha hecho está la de que España no puede sostener económicamente diecisiete Gobiernos, que, cuando menos, hay que quitarles algunas competencias. Pero no sólo Rajoy se halla en total discrepancia con ella, sino, por supuesto, las Autonomías. Podemos leer, por ejemplo, que “Fabra rechaza la propuesta de Aguirre”. Asimismo que “El Gobierno valenciano rechaza ceder competencias al Estado”. Otro titular de actualidad puede ser, “UPN rechaza la petición de Esperanza Aguirre de devolver competencias al Estado”.  Los navarros afirman que “el problema no es el Estado autonómico, sino cómo se gasta”. Pero debieran enterarse que la mejor manera de gestión es la anulación, siendo un gasto que no se puede hacer. Le sobra razón a Esperanza Aguirre, pero, claro, a todos estos políticos que da vida -¡y con ella se dan la gran vida!- los múltiples Gobiernos y organismo, les hace pupa  sólo la perspectiva de perder la bicoca que tienen.

Si en cualquier empresa la reducción de la plantilla de trabajadores resulta un paso duro, lo es mucho más tratándose de políticos, así se rebelan contra dicha  proposición por sensata que sea. Remachan el clavo con el artículo de Pablo Ojer –Pamplona- en el que se expone: “Unión del Pueblo Navarro, socios del PP en el Congreso de los Diputados, han rechazado la petición de Esperanza Aguirre de devolver las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al Estado”. Y vuelta a esgrimir la misma defensa: El problema que tiene nuestro país no está en el Estado autonómico en sí, sino en cómo se ha gestionado y se sigue gestionando por parte de algunos partidos o líderes políticos. Todos a rechazar; de devolver competencias nequaquan, de ningún modo. Es –añade- algo que resulta inconcebible para la UPN, ya que pedir que las comunidades devuelvan las competencias es casi tanto como decir que desaparezcan dichas comunidades autonómicas. Sí, es lo que debería efectuarse, y ¡ahí les duele!

Los políticos se pueden pelear entre ellos, y a veces los de un mismo partido, pero la sociedad civil sólo tiene que oír, ver y callar, aunque ellos la hayan llevado a una situación desesperada. ¿Qué haya quien se suicida? Bueno, dirán con Espronceda, en “Canto a Teresa”, Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?  Lo que les importa es tener bajo sus pies la ciudadanía, y a su servicio, en sus manos. Contra ello escribe Mario Conde, quien mucho sabe de finanzas y algo de los políticos, lo siguiente:

… la sociedad civil no puede volver a dejar en manos de una clase profesional de políticos la ordenación de su vida. […] Tiene que tener acceso directo a las instituciones del Estado. Además, debe disponer de mecanismos mucho más eficaces de control, como son las leyes de iniciativa popular, la facilitación de referéndums para asuntos decisivos aprovechando las oportunidades tecnológicas… Todo esto tiene que suceder. Debemos confrontarlo, discutirlo, analizarlo, diseñarlo adecuadamente, pero la idea central, el eje sobre que pivotar me parece diáfano: recuperar el protagonismo de la sociedad civil, que quiere ser la dueña de su destino.  Y poco antes: …ha que entender que el Parlamente existe porque la sociedad civil quiere, y no al revés. La clase política no son dueños, sino administradores. La soberanía reside en la sociedad, no en los partidos ni en los políticos. Parece que tenemos que estar pidiendo permiso para hacer lo que es nuestro…

Con esto no se incita a la violencia mediante el libro –habría que aclarar a Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior-. A la violencia no se ha de mover o estimular mediante ningún medio de comunicación; la violencia jamás, jamás, jamás –los tres jamases que dijo Prim cuando destronó a Isabel II, respecto a la vuelta de los Borbones-. Y a ver si se enteran algunos políticos de que violencia es tanto el hecho de cometer actos vandálicos y enfrentarse a la policía, e igualmente ésta maltratando a los ciudadanos, realizando cargas brutales, el repeler desproporcionadamente, como todo dictado injusto de cualquier político –no sólo existe la violencia física, también la moral-, y defender nuestros derechos como ciudadanos mediante la palabra educada no es violencia. Sí lo es, evidentemente, todo mandato injusto, tal como el quitar la libertad de expresión, que, por otra parte, está contemplada en la Constitución.  Ha, pues, de dejar estupefacto la decisión gubernamental de que el uso de Internet para emitir protestas será investigado y criminalizado.

¡Si señor, así se modifica el Código Penal! Habrá que modificar también el artículo 20 de la mencionada Carta Magna sobre libertad de expresión. Y, entre muchos, el 33 referente a la propiedad privada, habida cuenta de la resolución del ministro de Hacienda, contra la cual acaba de clamar Federico Jiménez Losantos en su programa “Crónica Rosa”: ¿Pero quién es  Montoro para impedirme a mí, si es que me queda algo en el Banco, de usarlo en metálico o como se me pase por las narices? En fin, por un motivo u otro va quedando sin efecto el articulado del texto constitucional. Una desastrosa política y una corrupción del más alto nivel ha enviado al suicidio a algún que otro ciudadano, y ahora se le va a hacer pasar dos años de prisión por abrir el pico y en legítima defensa. ¡Y luego dice el Derecho que la legítima defensa es circunstancia eximente de responsabilidad penal!  ¿Pero qué pasa, vivimos en un país de Derecho y que habla de democracia, o se retrocede a una dictadura? Se da, además, el caso de que algún político tiene la preparación de Derecho. Resultan increíbles las salidas que tienen a veces; ya dice Antonio Gala: Ojalá los políticos se reconviertan un poquito mejor. En polvo, quiero decir: quia pulvis eris.

¿Qué pasa con los recortes a la Monarquía o Casa del Rey? Lo que estamos viendo –más bien no viendo-, que son aún menores que a las Autonomías. Recortes al ciudadano-sufridor, amén de que sea sufrido. Opina, como hemos dicho, Esperanza Aguirre  que el mejor recorte es la eliminación de las estructuras de las Autonomías, e incluso de ellas mismas. Incuestionablemente, y ya para completar prescindir de la Monarquía como lujo superfluo que España no puede darse, mientras por otra parte, están llamadas a su desaparición, pocas quedan y no por largo plazo de caducidad.

Por: MANUEL LÓPEZ PERALTA