Redención fingida

Las acciones reivindicativas deben venir precedidas de actitudes consecuentes por parte de sus promotores, pues su fuerza argumental quedaría deslegitimada, si los actores implicados, incurriesen en contradicciones que desvirtuaran los fundamentos teóricos que amparan sus objetivos.

Mayormente las actitudes ejemplarizantes no suelen prodigarse por exceso, y cuando surgen, su excepcionalidad, habitúa recaer en referentes de carácter individual, en seres peculiares, que a través de la relevancia de sus acciones, crean el distingo que confirma la salvedad de la regla, elevando el virtuosismo al podium distintivo de quienes, por la grandeza de sus actos o la relevancia de sus hechos, alcanzan sin perseguirlo, el reconocimiento de la sociedad y el acceso directo a esa dimensión sin límites que otorga un espacio a la posteridad.

Pero al parecer esta crisis de vértigo que nos embarga, ese fenómeno de diseño que prodiga el modelo capitalista, además de trastocar el equilibrio de nuestra estructura social, ha propinado un puntapié a la sensatez, suprimiendo la cualidad de lo eminente para dar paso a la mediocridad ilustrada. Ahora la valía no está de moda, la intelectualidad selectiva ha sido depuesta, para otorgar papel protagonista a la zafiedad ejecutiva, y así sorpresivamente vemos el protagonismo del país, en manos de quien, no reúnen los requisitos mínimos para dirigir su propia vida y en ese contrasentido se mueven los hilos del futuro entre unos lideres inapropiados y unos seguidores cautivos de sus propios privilegios.





Ahora contra todo pronóstico, por la siempre insólita influencia de las siglas sindicales imponiendo el afianzamiento de su protagonismo, se difumina lo esencial, dejando paso a una nueva estrategia que nos muestra la cara oculta de la crisis de soberbia, una lección para imbéciles, aspecto mucho más sibilino que la propia crisis económica, y que a su vez, representa ser el parapeto adecuado para prodigar la agitación a través de la movilización, que en si misma, no vendrá a solventar nada positivo, sino, además de perjudicar la realidad económica del país, aportará una buena dosis de desestabilización y un significativo índice de fractura social.

No obstante, toda incongruencia trae implícito su equivalente en insolencia, y en este caso, el contrapunto lo aporta, aquella actitud colaboracionista que estas mismas organizaciones mantuvieron mientras las nefastas políticas del anterior gobierno ponían fuera del mercado laboral a más de cinco millones de trabajadores. Obviamente con semejante historial, por consecuencia, a tiempo presente, no debiera ser admisible que sean ellos ahora, quienes, le intenten marcar el paso a la sociedad, y mucho menos, quienes, se arrogan autoridad para medir con distinta vara al nuevo ejecutivo.

No se puede tolerar el victimismo a quienes establecen una estrategia de defensa denunciando una supuesta campaña de demonización de los sindicatos, pues esto no cuela; toda vez que la gran mayoría saben que la realidad es otra, ya que tras esa parafernalia de convulsión escudada en la reforma laboral, existe una presión en cubierto de las centrales sindicales, cuyo objetivo no es otro, que hacer una demostración de fuerza para frenar cualquier intención modificatoria, dirigida a rebajar o suprimir la financiación multimillonaria que estas entidades perciben de las arcas públicas.

Cuando nos codeamos con el caos social, y el eufemísticamente llamado estado del bienestar está sumido en un deterioro irreversible, por más que se intente argumentar, no existen fundamento de defensa, para proseguir manteniendo un trato excepcional y por consiguiente la supresión de la financiación estatal a partidos, sindicatos, patronales y cualquier otra organización social, ha de ser una determinación contundente que no debe demorarse por mas tiempo y cuya decisión no ha de hacer temblar la mano al ejecutivo del estado

Siendo inadmisible en los tiempos que corren, que estos estamentos mantengan su dependencia creciente de la financiación pública, es necesario reordenar la situación al resultar evidente que además de la dudosa legitimidad moral, tal privilegio es cuestionado masivamente creando una situación de alarma en amplios sectores de la sociedad.

Por estas complejas circunstancias, quizá sea también recomendable plantearse la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues todo apunta a la necesidad de un cambio en el movimiento sindical, de tal modo que se modifique el atrofiamiento de su actual rol, para poder comportarse como una parte de la solución de la crisis, en vez de seguir siendo una parte del problema.

Xosemanuel Galdo-Fonte