la corrupción por el fraude de los ERE alcanza al gobierno andaluz

La corrupción de los ERE fraudulentos ha llegado ya al Gobierno de Griñan, con la imputación del ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernandez. El ex cargo socialista deberá responder por los presuntos
 delitos de prevericacion, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

En la trama se ven implicados además dos exalcaldes, militantes socialistas, un es Delegado de empleo, el exdirector general de empleo y quien sabe cuantos más.

Esta imputación pega de lleno sobre la gestión del Gobierno andaluz.El Gobierno andaluz siempre había acotado las responsabilidades en la dirección general de Empleo. En caso de que la jueza decida también imputar a José Antonio Viera, consejero entre 2000 y 2004, deberá derivar su citación al Tribunal Supremo, al estar aforado por ser senador.

El fraude investigado se refiere a una presunta trama consistente en incluir en los ERE como beneficiarios de prejubilaciones a personas ajenas a las empresas. Al menos 146 irregularidades han sido detectadas en 64 ERE por la propia Consejería de Empleo, entre ellas 59 intrusos.

Como falsos prejubilados se ha denunciado a nueve militantes socialistas, entre ellos dos exalcaldes y un exdelegado de Empleo en Sevilla.

La citación como imputado de Fernández se produce después de que el ex director general de Empleo, Javier Guerrero, también imputado, declarara ante la policía judicial la pasada semana que cada mes daba cuenta de lo que hacía a los ex consejeros de los que dependió, el citado Antonio Fernández y su predecesor, José Antonio Viera. Guerrero, que colocó en un ERE a su suegra, ha justificado los intrusos llamándoles «criaturas necesitadas».

Hasta que vaya a declarar no se sabrá exactamente los hechos concretos y los argumentos por los que le acusa la jueza de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Fernández firmó, siendo director del IFA, el convenio que modificó el procedimiento para el pago de las pólizas a los prejubilados con la Consejería de Empleo, de la que entonces era titular José Antonio Viera. La policía judicial en su atestado de enero remitido a la jueza considera que dicho convenio se hizo para eludir controles. La Intervención General de Hacienda advirtió en informes sucesivos en 2005, 2006 y 2007 de anomalías en el procedimiento y alertó de que no era el adecuado para subvenciones excepcionales como las ayudas a los ERE, aunque en inspecciones aleatorias nunca detectó el fraude de los intrusos. En esos años el titular de Empleo era ya Antonio Fernández.

La imputación de Fernández no por esperada evitó ayer una cascada de reacciones en Andalucía. Fuentes del Gobierno de Griñán admitieron que no ha sido una sorpresa. Los únicos en hablar fueron los consejeros de Gobernación y Economía, Luis Pizarro y Antonio Ávila. Pizarro, que se confesó amigo de Fernández, manifestó estar «absolutamente tranquilo y convencido» de su inocencia. Antonio Ávila comentó que la imputación abre «una reflexión» en el caso, según recoge Efe, pero no aclaró lo que quiso decir.
El PSOE no le expulsa aún.

Para el PSOE la imputación no es más que un procedimiento para que Fernández pueda defenderse. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, dijo que la citación supone una «garantía procesal» para Fernández. Díaz descartó una expulsión del PSOE como sí ha llevado a cabo con los otros imputados socialistas en el 'caso Mercasevilla' y los ERE. Con Guerrero fue distinto y se le expulsó incluso antes de ser imputado «porque él mismo reconoció que se había aprovechado de lo público», dijo.