Urbanismo disyuntivo

Resulta anacrónico que a pesar de la realidad cambiante que produjo la crisis inmobiliaria en los planeamientos urbanísticos municipales, las administraciones afectadas mantengan inalterable las políticas y directivas de ordenación territorial. Al igual que es incongruente que a pesar de la devaluación de potencialidades, en la financiación de las haciendas locales se eleven los tipos aplicados sobre unos valores catastrales atípicos.

En esta crisis severa de fuerza extrema y demoledor impacto, hay un componente determinante en su origen, un factor causante del conflicto, que directamente apunta a espacios territoriales concretos, aquellos, que favorecidos por modelos urbanísticos excedidos, potenciaron el desenvolvimiento urbanístico, inmobiliario y financiero, más allá del contorno de la racionalidad, y esa circunstancia, hizo que la nueva dinámica de gestión urbanística, alterara los esquemas y objetivos convencionales propiciando el fracaso de las políticas territoriales de aplicación, que en si mismas, pusieron al descubierto el exceso de lo planificado y la inexistencia de capacidad de reacción en la articulación de alternativas de regulación correctora.

al parecer la clase política en vez

de poner rumbo al cambio ha

decidido estacionarse en el

urbanismo disyuntivo

A pesar de esta complejidad, mientras discurre el tiempo y el laberinto amplía encrucijadas, seguimos sin ejecutar una revisión de los obsoletos modelos urbanísticos vigentes, y con el agravamiento de la crisis, en vez de asumir sus deficiencias estructurales, optamos por aplicar prorroga a la figura del urbanismo opulento de las épocas de expansión, cuando la actual coyuntura orienta cambios de moderación del crecimiento, o apertura a la vía del decrecimiento.

Por más que se prescinda de la evidencia, resulta patente que los experimentos desarrollistas han tocado a su fin, el urbanismo de siglo XXI ha de suponer una ruptura con la versión de planificación que dio origen a la explosión de la burbuja inmobiliaria, tanto en sus aspectos técnicos, jurídicos como financieros. En cualquier caso, la situación demanda una óptica renovada con enfoque meditado de acciones sobre el territorio dirigidas a consumar una transformación general del actual urbanismo, pues supuesto contrario, la influencia del planeamiento en la reactivación económica será estéril.

El cambio de rumbo sobre la ordenación del territorio se ha de fundamentar en el principio esencial de un nuevo modelo urbanístico basado en la sostenibilidad económica y social, que ponga punto final al desarrollo discontinuo de baja densidad edificatoria a través de la puesta en práctica de pautas de concepción nuclear y desarrollo compacto, que cubriendo las necesidades de la población, induzca un ahorro de costes en su gestión, concertando la ordenación con la economía.

Ahora bien, la culminación de esa finalidad precisa en primer término de la erradicación de las "taifas urbanísticas", y la sustitución por un nuevo marco reglamentario, una ley de armonización de las legislaciones autonómicas que reconociendo la distinción y singularidad territorial de las distintas comunidades, establezca uniformidad en la determinación de los elementos comunes que conforman la materia urbanística, referidos a las calificaciones del suelo, los procedimientos de gestión, etc, etc..

No obstante previo a ello, los ayuntamientos y comunidades, por sensatez y asunción de la nueva realidad, debieran paralizar los procedimientos iniciados en materia de modificación, revisión o redacción de los planeamientos genuinos, por cuanto, la inestabilidad cambiante de las variables que alimentan la elaboración de los planeamientos en proceso, son referentes coyunturales que aportan insuficiencia de rigor, sustrayendo toda fiabilidad a la previsión de contenidos, lo que transforma las inversiones destinadas a este fin, en un derroche económico por inutilidad de resultados.

Una acertada adecuación a la racionalidad pasa por dejar en suspenso los stándares urbanísticos de la época de opulencia, debiendo imponerse un reajuste en clave de moderación, consistente en achicar las delimitaciones de suelo urbanos y la mengua sustancial de las bolsas de suelos urbanizables, es decir, se debe acotar el techo potencial del planeamiento, clasificando tan solo como suelo de transformación el llamado a cubrir las necesidades previsibles.

Pero el encuentro con la coherencia tiene efectos colaterales, por cuanto, la materia urbanística además de asignar vocaciones de uso al territorio y guiar las pautas de desenvolvimiento de nuevos crecimientos en concierto de consolidación con los existentes, se maneja también como patrón de financiación parcial de las haciendas locales (IBI, licencias de construcción, etc).

Circunstancia, que vincula los cambios del escenario urbanístico, con la reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos, que a todas luces, no debiera pivotar en exclusiva sobre los actuales parámetros de aplicación, por cuanto, aquilatar el espacio urbano a la realidad de lo necesario, obliga a modificar las ponencias catastrales, cuyos valores, a tiempo presente superan los precios de mercado como consecuencia de la nociva repercusión que la crisis inmobiliaria provocó entre la oferta y la demanda.

La urgencia es perentoria, pero al parecer la clase política en vez de poner rumbo al cambio ha decidido estacionarse en el urbanismo disyuntivo.

Autor: Xosemanuel Galdo-Fonte