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octubre 30, 2011

Poder político y judicial

La contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos,  pone en peligro  la Democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución.


Recordemos las palabras del juez Eloy Velasco: "Las leyes no las hace la justicia, sino la política". Nosotros como tercer poder del Estado, únicamente somo intérpretes de la voluntad popular.

Saltamos a las declaraciones del juez Manzano, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial: nuestro sistema está prostituido. No es que los vocales yerren por sistema; simplemente están atrapados dentro de unos férreos engranajes institucionales: los políticos designan al Consejo y éste al Tribunal Supremo, amén de a una miríada de cargos, entre los que se cuenta el servicio de inspección.

El Consejo General de la Abogacía publicó en septiembre de este año una encuesta donde el CGPJ no salía bién parado. El resultado de la encuesta arrojaba en echo esclarecedor, el 63% manifestaron que no consideraban a dicho órgano independiente, ni de la clase política ni del Gobierno. La reacción del CGPJ consideraba dicha encuesta como un ataque a los jueces españoles.

Soluciones:

1.-Instaurar programas de urgente regeneración política: democratizar la democracia y finalizar la Partitocracia y el turnismo.
2.-Confeccionar un Plan político serio para devolver la independencia al poder judicial.
3.-Asumir el Manifiesto por la despolitización Judicial (Plataforma Cívica por la Independencia Judicial).


El nuevo Reglamento de la carrera judicial que fué aprobado por el CGPJ en abril 2011 ataca directamente al principio de legalidad y a la independencia judicial.

La asociación Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha formalizado la presentación de demanda contra el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial.  A juicio de los diversos profesionales integrantes de la Plataforma, son muchos los motivos que exigen impugnar el citado Reglamento, pero todos ellos presentan un nexo común, pues inciden en la independencia judicial, al tiempo que vulneran la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la  Ley reguladora del derecho de asociación y Tratados Internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Hay que devolver a la Justicia su independencia del poder político previsto en nuestra Constitución y que contemplan resoluciones internacionales: Informe y opiniones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa (CCJE), Principios Fundamentales sobre la Independencia de la Magistratura, 1985, y la Carta Magna del Poder Judicial (2008).

Manifiesto por la despolitización e independencia judicial.

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